Libertad religiosa y control.

Antonio García Ninet
Doctor en Filosofía

Al señor Federico Trillo –miembro del Opus Dei- no le hace ninguna gracia la modificación de Ley de Libertad Religiosa de la que recientemente ha hablado el presidente Zapatero y la vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega. Dice, entre otras cosas, que mediante la reforma de esa ley lo que se pretende es “disolver el hecho religioso y equiparar estas confesiones [la católica y otras] con las sectas o con los movimientos esotéricos y, sobre todo, controlar, controlar y controlar”.
Por lo que se refiere a esa supuesta equiparación entre religiones y sectas, la verdad es que no sería una mala idea, pues no veo qué diferencia existe entre ellas, como no sea la de la cantidad mayor o menor de personas que las siguen o la de la antigüedad de la correspondiente agrupación. La palabra secta proviene del latín secare, sectum: cortar. Y ¿qué es la religión católica sino una secta que surge a partir de su “corte” con el judaísmo?, ¿qué son todas las religiones sino sectas surgidas a partir de otras religiones anteriores menos elaboradas y más primitivas? Y, por cierto, ¿qué es el Opus Dei sino una secta peculiar dentro del Catolicismo?
Si pretende decir que las sectas son peligrosas, ¿qué secta es más peligrosa que la de la jerarquía católica, que tantos asesinatos y tanta opresión ha causado a lo largo de la historia?
Si pretende decir que las sectas adoctrinan y representan un lavado de cerebro de las personas que caen en sus redes, ¿qué secta mayor que la de la jerarquía católica, que adoctrina impunemente a niños de seis años coaccionándoles a creer absurdos como el del Infierno y como la doctrina según la cual “sin la fe no hay salvación”.
Quizá el señor Trillo considera que las sectas son doctrinas falsas mientras que la religión católica es una doctrina verdadera. Pero eso mismo podría afirmar con todo el derecho el creyente en una de esas sectas que el señor Trillo menosprecia.
O quizá el señor Trillo pretende que la religión católica tiene objetivos espirituales y desinteresados desde una perspectiva material mientras que las sectas tienen objetivos materiales, ligados al enriquecimiento personal de sus dirigentes mediante una labor de proselitismo embaucador hacia sus ingenuos seguidores. Pero eso mismo podría afirmar y con mucho mayor motivo los seguidores de las diversas sectas que observan cómo la jerarquía católica es la multinacional más poderosa del globo, con millones de sucursales distribuidas por todas partes y con riquezas tan enormes que con sólo una centésima parte de ellas podría eliminar el hambre de África y del resto del mundo.
Parece que en este punto la única diferencia entre lo que el señor Trillo considera “religión” y lo que considera “secta” consista en que la “secta” sería algo así como un pequeño negocio, mientras que la “religión” sería una multinacional bien montada. Cuestión de tamaño, pero no de mayor o menor verdad proporcional a dicho tamaño.
Y por lo que se refiere a su opinión de que lo que el gobierno desea sea “controlar, controlar y controlar”, la verdad es que eso sería lo deseable, del mismo modo que lo es el control de todos los sinvergüenzas, asesinos y demás delincuentes de la sociedad. Y que no trate de confundir el señor Trillo, pues, sin duda alguna, la libertad es un valor irrenunciable –valor que cual nunca ha compartido la secta a la que él pertenece-, pero conviene que nadie nos confunda. Una cosa es la libertad de pensamiento, de cátedra y de expresión, y otra cosa es la libertad para realizar actividades de pederastia mental en contra de niños de seis años, tanto si se hace en colegios públicos o privados como si se hace en las iglesias.
Sí. Es conveniente que se realice una reforma de la Ley de Libertad Religiosa. Una reforma que elimine la serie de privilegios que tiene la Secta de la Jerarquía Católica, tanto de adoctrinamiento como privilegios económicos como los que sigue teniendo en la actualidad, a pesar de que representan una injusticia. Pero, sobre todo, lo más conveniente es que se aplique dicha ley y que España deje de ser de una vez una sucursal del imperio económico de la mafia del Vaticano.

La señora De Cospedal
y “lo que les molesta a la mayoría”
Antonio García Ninet
Doctor en Filosofía

Dice la señora De Cospedal que “a la mayoría no les molesta un crucifijo en las aulas”. Al margen de las encuestas que esta señora haya realizado para enterarse de cuál sea la opinión de la mayoría, le convendría enterarse, en primer lugar, que de lo que se trata no es de lo que le moleste o no a la mayoría sino del cumplimiento de una resolución judicial, que además se relaciona con el contenido de la Constitución Española por lo que se refiere al carácter aconfesional del Estado y con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, según la cual ninguna creencia religiosa tiene por qué imponerse frente a cualquier otra creencia de signo distinto o contrario; que la mejor forma de respetar las creencias religiosas o ateas no es la de imponer un símbolo religioso en exclusiva y de manera indiscriminada a la totalidad de los alumnos de un aula o de un centro, ni tampoco la de colocar tantos símbolos como creencias o maneras pensar haya, sino simplemente la de tolerar que cada uno tenga sus creencias sin pretender imponerlas a nadie.
La señora De Cospedal debería haberse enterado:
-de que los tiempos de la Inquisición terminaron hace ya algunos siglos, aunque en España resurgieron con el nacional-catolicismo, cuando se imponía la Religión Católica a todos los estudiantes;
-de que el hecho de que “a la mayoría no le moleste” la aplicación de una ley constitucional no es un argumento para no aplicarla;
-de que el hecho de que “a la mayoría no le moleste” que la tiren por un barranco no es un argumento para permitir que la tiren;
-de que el hecho de que “a la mayoría no le moleste” que haya gente que duerme en la calle porque no tiene donde caerse muerto no es un argumento para despreocuparnos de ese problema;
-de que el hecho de que “a la mayoría no le moleste” que haya miles de niños que cada día mueren de hambre no es un argumento para despreocuparnos de ellos;
-de que el hecho de que “a la mayoría no le moleste” que los homosexuales sean discriminaos no es un argumento para seguir discriminándolos;
-de que el hecho de que “a la mayoría no le molestase” que a los negros se les esclavizase no debió ser un argumento para aceptar la esclavitud;
-de que el hecho de que “a la mayoría de los nazis” no les importase que los judíos fueran masacrados no debió ser un argumento para consentir aquella barbarie;
-de que el hecho de que “a la mayoría no le molestase” que la Inquisición asesinase implacablemente a quienes se atrevían a pensar y a decir lo que pensaban eso no debió ser un argumento para olvidar los crímenes de aquella nefasta institución de la jerarquía católica.
En definitiva quisiera que la señora De Cospedal se enterase de que hay derechos que no por ser de minorías dejan por ello de ser derechos, que no por ser derechos que “a la mayoría no les importa” dejan de ser derechos que deben ser respetados.
Aplicada esta consideración al presente tema, simplemente se trata de tener en cuenta que el hecho de que una religión sea dominante o no en un estado no puede ser un argumento para imponer dicha religión ni sus símbolos en centros escolares públicos a los que asisten alumnos de diversas creencias, acerca de las cuales ni siquiera sería constitucional recabar información en cuanto el ámbito de las creencias es un ámbito privado que nadie tiene el derecho de violar.

¿Quién debe pagar los platos rotos de la crisis?
Antonio García Ninet
Doctor en Filosofía

El presidente de la CEOE pide, entre otras medias para superar la crisis económica, abaratar los despidos. Si los sueldos de los trabajadores ya están por los suelos, ahora sólo les falta que se les pueda despedir sin indemnización de ningún tipo a fin de que la explotación en que viven alcance su mayor nivel de rentabilidad para el capitalista. Sin ser un experto en economía, no resultaría especialmente difícil valorar la situación económica y laboral en que vivimos si se conocieran con transparencia el sueldo medio de los trabajadores y el sueldo o las ganancias de los grandes capitalistas, empresarios o directores de bancos. ¿Por qué no salen a relucir esas cifras a fin de que podamos estudiar a quien le toca arrimar el hombro de una manera especial ante la crisis actual? Es un síntoma realmente serio el que nadie o casi nadie se pregunte por esa cuestión en apariencia tan sencilla. Síntoma de hipocresía, tal vez, por parte de quienes han acumulado y siguen acumulando ganancias millonarias como consecuencia del funcionamiento mágico (?) de los mecanismos financieros y como consecuencia del funcionamiento implacable de las leyes no escritas del mercado laboral, el funcionamiento salvaje de la ley de la oferta y la demanda de la mano de obra: A mayor demanda laboral, menor salario, a mayor demanda laboral de personas “sin papeles”, mayores posibilidades explotación para el empresario, posibilidades que suelen ser muy bien aprovechadas.
Pero, volviendo a la pregunta esencial, ¿quién debe pagar los platos rotos de esta grave crisis económica? Los trabajadores están viviendo con unos sueldos de miseria, con una media que no alcanza ni los mil euros mensuales. En principio y precisamente por esa falta de transparencia que hay en relación con las ganancias de los grandes empresarios capitalistas y de los no tan grandes, desconozco cuál es el coste económico que esta crisis tiene pueda tener para ellos. Sin embargo, sí sé una cosa, una cosa que todo el mundo conoce o puede conocer con tal de que acuda a los periódicos de hace sólo unos años y que tiene un interés mucho mayor del que a simple vista pueda parecer, pues del mismo modo que por las dimensiones de la punta de un iceberg puede conocerse su volumen total, quizá también el conocimiento de la mayor o menor ligereza con que se maneja el dinero por parte de quienes miran la crisis desde arriba pueda darnos alguna pista sobre el asunto, pues mientras para unos la crisis supone poner en peligro sus medios de subsistencia básicos, para otros la crisis puede significar que en lugar de comprarse un yate de 30 millones de euros deba comprarse uno un poco más barato.
Y, como antes decía, aunque desconozco las cuentas de beneficios de los grandes capitalistas, sí recuerdo lo que el señor Botín, presidente del banco de Santander, pagó al vicepresidente, el señor Ángel Corcóstegui, como aguinaldo o algo así, cuando se jubiló. Concretamente fueron 108.000.000 de euros, lo cual traducido en pesetas para quien quiera hacerse una idea desde la perspectiva de nuestra antigua moneda equivale a 17.967.680.000 pesetas. ¿Queréis saber cuántos años debería trabajar un mileurista para llegar a obtener un aguinaldo similar al recibido por el señor Corcóstegui? Es muy sencillo de calcular. Basta con realizar las operaciones aritméticas correspondientes. Suponiendo, como es lógico, que el mileurista gane 1000 euros mensuales, más 2000 euros por dos pagas anuales, ganaría 14.000 euros al año. Y así, si dividimos los 108.000.000 del aguinaldo del señor Corcóstegui por 14.000, obtendremos el total de años que necesitaría el mileurista para obtener un sueldo similar al de ese aguinaldo. Realizada la operación correspondiente, el resultado que cualquiera puede verificar por su cuenta es el de al menos 7.714 años. Es decir, que la equivalencia que el mundo de las altas finanzas establece entre lo que es el sueldo anual de un trabajador normal y el del aguinaldo por jubilación de un alto ejecutivo, como lo fue el señor Circóstegui, es ésa: Un simple trabajador debería trabajar 7.714 años para recibir un sueldo equivalente a la cantidad recibida por el señor Corcóstegui como premio por su jubilación. Y, si esa cantidad fue la que recibió este señor, que sólo era vicepresidente, ¿qué botín estará recibiendo el señor Botín, que fue quien le concedió ese reconocimiento económico por su labor? Y, lo que nos interesa en estos momentos: Si cuando se producen esos beneficios los trabajadores no se enteran, pues para nada repercute en un aumento de su sueldo, ¿por qué ahora deben ser ellos quienes paguen la crisis? ¿No habrá contribuido de manera especial ese reparto de “beneficios” realizado con tanta alegría entre cierto personal selecto, muy por encima del resto de los mortales, a la aparición de la crisis actual? ¿No es lo más lógico que ahora sean esos mismos capitalistas quienes solucionen la crisis devolviendo una pequeña parte de lo que se embolsaron como resultado de unos beneficios que sólo a ellos beneficiaron?
Para concretar: La solución de la crisis actual no debe pasar precisamente por un abaratamiento de los despidos ni por un recorte de los salarios de los trabajadores, que ya están sobradamente pisoteados y puteados, sino por un control de los beneficios nada transparentes que cada día se embolsan los grandes capitalistas, para que tales beneficios repercutan en la comunidad en su totalidad, y en una reinversión de capital para afrontar cualquier crisis no prevista en lugar de ser embolsados por esos señores de cuello blanco para despilfarrarlos en la compra de “sus” grandes mansiones, de sus yates y de toda una serie de lujos que los trabajadores ni siquiera llegan a imaginar en cuanto ya tienen bastante preocupación en calcular cómo llegar a fin de mes sin endeudarse con el banco, que siempre estará caritativamente dispuesto a concederle un préstamo en cuanto calcule que podrá devorarle en el momento en que deje de pagar una letra el día establecido.

Gobierno, Constitución e Iglesia Católica
Antonio García Ninet
Doctor en Filosofía y en Ciencias de la Educación

La desidia del Gobierno de España a la hora de hacer cumplir la Constitución Española se ha vuelto a hacer patente cuando de nuevo el nombramiento de José Luís Rodríguez Zapatero como presidente del gobierno se ha realizado ante una mesa con una gran crucifijo en medio y con una Biblia, al margen de que el señor Zapatero haya prometido -y no jurado- ante esos símbolos pertenecientes a una confesión religiosa que para nada debería inmiscuirse en los asuntos relacionados con el funcionamiento de nuestras instituciones democráticas, en cuanto, de acuerdo con el artículo 16.3 de nuestra Constitución, “ninguna confesión tendrá carácter estatal”. ¿Qué pinta un crucifijo o una Biblia en la mesa ante la cual se celebra la promesa de cumplir y hacer cumplir la Constitución Española, cuando la propia Constitución establece de modo implícito la separación del Estado respecto a cualquier religión? Nada en absoluto. Y no sólo no pinta nada sino que su presencia es inconstitucional, por lo que, si acaso representa algo, es una burla sarcástica de la propia Constitución, ante la que el presidente promete cumplir y hacerla cumplir en ese su primer acto como presidente que, aunque tradicional, es igualmente inconstitucional.
Después de 30 años de democracia los encargados de hacer que se cumpla la Constitución todavía no se han enterado -o no han querido enterarse- de que el cumplimiento con la Constitución Española exige que esos símbolos se retiren y queden para el ámbito privado y para la conciencia de cada ciudadano. La situación actual representa un incumplimiento de la Constitución en cuanto la presencia de tales símbolos representa, aunque sólo sea por simple inercia, una forma de seguir aceptando el sometimiento de la soberanía de nuestro pueblo a la Jerarquía de la Iglesia Católica, cuyo símbolo más importante preside el lugar ante el que el presidente electo debe realizar la promesa correspondiente para su nombramiento como presidente efectivo. Además, la presencia de tales símbolos es una propaganda gratuita de dicha confesión religiosa para quienes contemplen por cualquier medio visual –televisión o prensa- las imágenes de tal ceremonia.
Por ello, hay que exigir al Gobierno de España que cumplan precisamente con su promesa de “hacer cumplir la Constitución”, comenzando por eliminar tales símbolos religiosos de las ceremonias en las que se producen tales nombramientos, pues, de no hacerlo, su propio nombramiento seguirá siendo su primer acto de incumplimiento de aquello que en esos momentos están prometiendo.
Esta misma crítica vale igualmente para los actos judiciales en los que se sigue utilizando preguntando al testigo si “jura o promete decir la verdad…”, pues, en cuanto el juramento lleva implícita la referencia a determinadas creencias religiosas, la fórmula judicial correspondiente es inconstitucional y resulta asombroso que los encargados de juzgar si las leyes se cumplen o no, incluyan -o acepten la inclusión de esta fórmula- en los mismos actos en los que se juzga acerca de los posibles incumplimientos de la Ley, incumpliendo sistemáticamente en tales actos judiciales el artículo 16.2 de la Constitución Española en el que se dice que “nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias”. Pues es evidente que, desde el momento en que se le exige al testigo que “jure o prometa”, se le está obligando a declarar si tiene o no creencias religiosas, en cuanto jure o en cuanto simplemente prometa. En consecuencia, de nuevo en este caso habría que exigir el cambio de esta fórmula judicial eliminando toda referencia al juramento –de carácter religioso- para dejar exclusivamente la referencia a la promesa –de carácter personal y ligada al propio honor y dignidad como ciudadano-.
Y lo mismo sucede en otra clase de actos, como son los relacionados con nuestra monarquía parlamentaria, actos como bodas, bautizos y otras ceremonias en las que aparece de un modo especialmente visible la relación entre dicha monarquía y la Iglesia Católica, pareciendo olvidar en estos casos que los monarcas han dejado de serlo por la gracia de cualquier supuesto dios para serlo porque nuestro pueblo soberano aprobó en referendo nuestra Constitución y, con ella, la institución de la monarquía parlamentaria –al menos por ahora y hasta que el pueblo español decida otra cosa-.