¿Antifascismo del PP?
Antonio García Ninet
Doctor en Filosofía

El PP, mediante su portavoz Eduardo Zaplana, ha pedido en las cortes la ilegalización de los grupos que actúen promoviendo el odio, el racismo, la xenofobia y el desprecio a los valores y leyes de nuestra Constitución, pero lo ha hecho incluyendo en su petición la ilegalización tanto de los grupos fascistas como la de los antifascistas.
Realmente es una sorpresa la nueva actitud del PP, partido cuya militancia o votantes hasta el momento actual no han dado demasiadas muestras de ser un modelo a seguir en lo que supone su propuesta actual. Habría que matizar, no obstante, dicha propuesta en el sentido de que el señor Zaplana se ha excedido en su petición, en cuanto él y su partido piden la ilegalización de todos los grupos que actúen de forma violenta, tanto si se declaran fascistas como si se declaran antifascistas, sin tener en cuenta la diferencia entre actuar desde la violencia propia de la ideología de un partido, como lo es la de los partidos fascistas, y otra muy distinta es que en medio de una manifestación pueda haber casos aislados de personas que actúen desde iniciativas ajenas a las de los organizadores y se comporten de manera violenta, al margen de la normativa legal a la que debe ajustarse cualquier manifestación. En tales casos habrá que pedir, sin duda alguna, responsabilidades a los autores de tales actos violentos o a los mismos organizadores en cuanto legalmente deban contar con un servicio de orden que impida tales actuaciones. Pero es absolutamente desproporcionado pedir la ilegalización de aquellos partidos que defienden una convivencia en paz, la defensa de los valores constitucionales y la de los Derechos Humanos por el hecho de que sean “antifascistas” o porque pueda haber “reventadores”, espontáneos o inducidos, de tales actos.
Por ello, aunque la propuesta del PP tiene una parte aceptable en relación con toda la serie de grupúsculos que abiertamente se proclaman nazis o filo-nazis, fascistas o filo-fascistas, que utilizan símbolos nazis o fascistas, y que, en definitiva, promueven directa o indirectamente la violencia en contra de los valores defendidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos o en nuestra Constitución, sin embargo, es un absurdo inaceptable incluir en la misma propuesta la ilegalización de los grupos antifascistas, en cuanto éstos vayan en contra de la violencia, defiendan los valores constitucionales y actúen desde la legalidad.
Téngase en cuenta además, que, si hubiera que disolver un partido político como consecuencia de sus actuaciones ilegítimas, o contrarias a normas éticas tan elementales como las relacionadas con la verdad o con el respeto, el PP ya debería estar ilegalizado precisamente por la serie de graves calumnias, mentiras e insultos de que se han valido algunos de sus dirigentes como los señores Aznar, Rajoy o Zaplana a lo largo de su actividad política.
Así que, en cuanto se tenga en cuenta la diferencia entre la ideología y el comportamiento de un partido como tal y el comportamiento individual de quienes acuden a los actos programados por dicho partido, puede entenderse con claridad que, mediante la propuesta del señor Zaplana y de su partido, parece como si se quisiera defender a los fascistas al establecer como condición para su disolución como partido legal el que también quedasen disueltos quienes defienden su propia ideología mediante una actitud cívica respetuosa con las leyes, lo cual es injustificable y absurdo.